Miembros de la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos a Perú, encabezada por Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, presentaron mediante una conferencia de prensa el informe final de la misión el 13 de marzo en el Congreso. La comitiva constató los “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el gobierno peruano durante las acciones represivas contra la protesta social.
“Realizamos un despliegue territorial en zonas donde sucedieron hechos gravísimos, como matanzas, torturas y desapariciones (…) En Lima, cuando participamos de una movilización, la gente nos pedía que nos quedemos, porque tenían mucho miedo a que la maten, y nos agradecían estar presentes”, describió Grabois.
La misión certificó 76 asesinatos en contexto de represión en manos de la Policía y el Ejército. Además, más de 2000 heridos y miles de detenciones arbitrarias, entre ellos, acusados de terruqueo, es decir, terrorismo. Otro de los derechos violados que verificaron fue la falta de traductor para los detenidos quechua-hablantes. Identificaron, también, a la mayoría de las víctimas como pertenecientes a los sectores populares, en particular, indígenas.
La comitiva viajó a Perú por la escalada represiva contra las protestas populares que se dieron tras la destitución ilegítima del Presidente peruano Pedro Castillo y el nombramiento de Dina Boluarte como nueva mandataria. Uno de los objetivos de la misión, según Grabois, fue “visibilizar que no está todo bien en Perú, que no hubo una sucesión constitucional y que están tratando de ordenar la situación, sino que hay un gobierno autoritario, ilegítimo y asesino”.
Viajaron en la misión organismos de derechos humanos, como Liberpueblo, APDH, Sumet y organizaciones como el Frente Patria Grande, La Dignidad, ATE, CTA Autónoma y Curas de Opción por los Pobres, así también los diputados nacionales por el Frente de Todos Juan Marino y Federico Fagioli. Tuvo lugar entre el 7 y 13 de febrero, semana en la que visitaron Juliaca, Lima, Ayacucho, Cusco y recibieron denuncias de Apurímac.