Por Ailín Colombo
“Las 8701 personas asesinadas por el aparato represivo (entre 1983 y 2022), en sus distintas modalidades y por sus distintas fuerzas, es una de las principales deudas de la democracia con el pueblo trabajador”, sostuvieron desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) durante la presentación de su nuevo archivo de casos de represión estatal el pasado viernes 17 en Plaza de Mayo.
Durante el 2022, la Correpi documentó 426 casos, es decir, uno cada 20 horas, más 93 nuevas denuncias de años anteriores que no fueron registradas. De los asesinatos producidos el año pasado, el 73 por ciento ocurrieron bajo custodia de fuerzas represivas en contextos de encierro, es decir, cárceles, comisarías u otros lugares, y 18 por ciento fueron fusilamientos de gatillo fácil, según el informe.
La Coordinadora sostiene que el incremento de casos en cárceles, que históricamente representa el 52 por ciento, tiene relación con el crecimiento del índice de encarcelamiento registrado en los últimos años. “Entre 2001 y 2021 pasamos de 34 mil personas privadas de libertad en cárceles a más de 100 mil, a las que hay que sumar alrededor de 20 mil en comisarías, alcaidías e institutos”, resumieron.
Además, resaltaron que el incremento de los encarcelamientos no se corresponde con las tasas de delitos que, por el contrario, descendieron en la última década – por mencionar un ejemplo, en 2001 la tasa de homicidios dolosos fue de 8,6, mientras en 2013 disminuyó a 4,6 –. Este desfasaje, de acuerdo a Correpi, se debe a las “reformas legislativas y cambios jurisprudenciales que endurecieron el sistema penal”.
En este periodo, hubo cuatro desapariciones forzadas, la de Agustina Yoselie Nadal Herrera, víctima de femicidio a manos de un marino en Bahía Blanca; el caso de Josías Ezequiel Galeano, adolescente encontrado sin vida, que era hostigado por la policía de Oberá, Misiones; luego, Lautaro Tomás Morello – encontrado asesinado – y Lucas Escalante, desapariciones de Florencio Varela vinculadas al tráfico de vales de nafta policiales. Lucas es el único de los cuatro que continúa desaparecido.
Desde 1983, Correpi contabilizó 92 muertes en el marco de la protesta social. Durante el gobierno de Alberto Fernandez hubo un caso enmarcado en esta clasificación, el asesinato del comunero mapuche Elías Garay, en 2021, en Cuesta del Ternero, Río Negro, “cuyo crimen, ejecutado por dos civiles armados, fue facilitado por la policía provincial (grupo COER)”, denunciaron en el archivo.
La organización explicó que la mayoría de las muertes de mujeres en manos de integrantes de las fuerzas guardan relación con la violencia machista y patriarcal. Los femicidios perpetrados por uniformados registrados ascendieron a 434 entre 1983 y 2022. “Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”, sostuvieron.
“Lxs pibxs están en peligro”
De la totalidad de los casos en democracia, la Correpi concluyó que los jóvenes varones son el blanco principal de la represión estatal. El 37 por ciento de las víctimas fueron jóvenes y adolescentes de entre 15 a 25 años, mientras el 22 por ciento tenían entre 26 y 35 años. Desde la organización, consideran que como la mayoría de los casos sin datos precisos de la edad (el 21 por ciento) son muertes en lugares de detención, “teniendo en cuenta la composición etaria de la población carcelaria, es altamente probable que muchos de esos casos correspondan a la franja hasta 25 años”.
Agenda Antirrepresiva
Correpi promueve una Agenda Urgente Antirrepresiva que, según sostienen, colaborará a reducir los casos. Entre la serie de medidas, demandan la eliminación de las facultades de las fuerzas para requisar y detener de manera arbitraria, la prohibición a todas las fuerzas de portar y usar el arma reglamentaria fuera de servicio o de civil, la derogación de las leyes antiterroristas, el cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva, la derogación de los protocolos de ciberpatrullaje y eliminación de los Comandos Unificados.