Por Mariana Di Mauro
El colectivo Periodistas Argentinas (PA) presentó un informe titulado “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, en el cual analizan y denuncian el estado de violencia en el que trabajan hoy en día las profesionales, producto de ataques coordinados y planificados originados en las redes sociales. Plantean la necesidad de un marco legal acorde que proteja el ejercicio periodístico, así como el compromiso de las empresas de medios y del Estado para dar respuestas efectivas ante esta situación.
La presentación fue el pasado lunes por la mañana en el salón azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con Romina Manguel, María O’Donnell, Noelia Barral Grigera y Nancy Pazos como expositoras, y acompañadas por otras integrantes de PA.
El informe destaca que en los últimos meses se ha observado una “una escalada significativa” de violencia en redes sociales contra mujeres periodistas: “Las agresiones ya no sólo provienen de usuarios no verificados o bots, sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial”. Además, se añade que en muchos casos “el ataque ha sido iniciado o replicado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X”.
A través del relato de 16 periodistas mujeres que fueron víctimas de este tipo de ataques se deja ver que la violencia traspasa las redes sociales, pasando a amenazas directas a ellas o a familiares, alterando la vida y el trabajo de las profesionales. Esto conlleva, entre otras a cosas, a limitar la participación en redes, a la autocensura, a cambios en el puesto laboral o despidos, y en muchos casos a temer por su integridad física.
Uno de los ejemplos citados más extremo es el de la periodista y escritora feminista Luciana Péker que, tras el episodio de Thelma Fardín a quien acompañó y ayudó con la visibilización del caso, debió dejar el país dada la falta de acompañamiento y la gravedad de los ataques.
Censura y patriarcado
A lo largo del informe, las periodistas aportan datos y elementos teóricos que enmarcan la discusión y dan cuenta de que es un fenómeno a nivel global en crecimiento que hay que atacar. Del documento se desprende que estos ataques no son hechos aislados, sino que son pensados y ejecutados de manera sistemática y planificada para incidir en la opinión pública y disciplinar a quienes informan y opinan, particularmente a las mujeres.
En este sentido, el informe retoma el concepto de tecnocensura del periodista mexicano Alberto Escorcia para entender que “no se trata ya de alguien oculto detrás de un falso perfil, sino de un mecanismo financiado para producir desinformación. Este financiamiento puede provenir de grupos de poder o de gobiernos”.
Otro aspecto que resaltan las periodistas es el sesgo de género. Siguiendo un informe de Chequeado citado por PA, las mujeres reciben el doble de ataques que los hombres y los mensajes suelen ser de contenido misógino y sexual, y provienen, en su mayoría, de perfiles antifeministas. Las agresiones incluyen insultos, sarcasmo, imposición, deseo de dañar, objetivación sexual, difamación, amenazas e instigación a la violencia, según la clasificación presentada por las periodistas.
En este marco, las mujeres que fueron víctimas de estas agresiones concluyen en que “no creen que sea personal, aunque sí disciplinador” y “coinciden en que hay un impacto sobre la libertad de expresión”. “Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia”, sintetiza la investigación presentada por Periodistas Argentinas.
Como conclusión del informe, le piden al Estado medidas referentes a fortalecer el marco legal en temas de acoso en línea; a imponer obligaciones a las plataformas para evitar el uso de ejércitos de bot que amplifican los ataques; a resarcimientos a las víctimas por daños y perjuicios; y a prohibir financiamientos destinados a amedrentar personas ni a incidir en el debate público.
Por otro lado, a las empresas de medios les piden que dimensionen la amenaza de ciberacoso y la prevengan, que asuman el compromiso en defensa de la libertad de expresión; y que aborden la temática del acoso en línea “que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión”.
Foto de portada: lavaca.org